Código ético

El presente código ético se dirige a las personas que ocupen cargos electos retribuidos con recursos públicos. Este código ético junto con los valores y el programa, forma parte del compromiso de las personas que lo firmen a cumplirlo y asegurar una gestión política comprometida y cercana a la ciudadanía con transparencia y rendición de cuentas, proporcionando espacios reales de participación y decisión a la ciudadanía en los espacios públicos.
Como primer borrador de mínimos, el presente documento ético y de conducta está abierto a modificaciones y la agrupación que lo impulsa se compromete a someterlo a debate y votación de las propuestas de cambios que se presenten en las jornadas de debate, en forma de asamblea abierta y en un proceso de alegaciones para construir la versión definitiva del código ético de la agrupación de manera abierta, transparente y participativa.
Los principios que se recogen en este código ético comprometen a todas las personas de la agrupación que ocupen cargos electos a defender la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en los ámbitos social, político e institucional de nuestra sociedad. Las personas que formen parte de la presente agrupación electoral y que ostenten cargos electos se comprometen a:
1. DEMOCRATIZACIÓN DE LA GESTIÓN POLÍTICA, FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
1.1 – Defender el programa político de la agrupación y fomentar la corresponsabilidad política de todas y todos.
1.2 – Garantizar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones relevantes. Impulsar las iniciativas ciudadanas.
1.3 – Publicar las agendas de los cargos electos y los equipos técnicos. Dar visibilidad de actos públicos y reuniones y publicar las actas correspondientes.
1.4 – Aportar obligatoriamente toda la información necesaria para la detección de posibles conflictos de interés, ingresos, bienes y rendimientos patrimoniales de todos los cargos electos y equipos técnicos.
1.5 – Rendición de cuentas de manera periódica.
1.6 – Hacer públicos los criterios de contratación de los cargos de libre designación.
1.7 – Establecer mecanismos de revocación de los cargos electos y decisiones tomadas.
1.8 – No acceder a cargos de responsabilidad en empresas creadas, reguladas, supervisadas o que hayan sido beneficiarias de un contrato municipal durante un periodo mínimo de 5 años.
1.9 – Mantener canales de comunicación permanentes con todos los colectivos haciendo hincapié en aquellos que estén en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión.
2. TRANSPARENCIA Y GESTIÓN DEL GASTO. FINANCIACIÓN.
2.1 – Compromiso de transparencia en la gestión pública, publicación de datos de ingresos y gastos. Uso racional y transparente de los recursos públicos.
2.2 – Destinar un % de los ingresos que perciba el grupo municipal a proyectos de interés social para la ciudad.
2.3 – Erradicación de prácticas clientelares. Introducción y aplicación de sanciones administrativas y penales efectivas en caso de financiación ilegal.
2.4 – Estructuración del modelo de financiación siguiendo estas 4 máximas:
  • Limitación máxima del gasto público en campañas propias.
  • Renuncia explicita a los créditos bancarios.
  • En caso de necesitar ingresos para proyectos, acciones o compañas própias de la agrupación, adquirir el compromiso explícito de obtener dichos ingresos a través de donaciones particulares y/o de empresas siempre y cuando dichas aportaciones no coarten la independencia política de la agrupación.
  • Publicación periódica de todos los datos de financiación en formato abierto.
3. MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y SUPRESIÓN DE PRIVILEGIOS. DEPROFESIONALIZACIÓN DE LA POLITICA.
3.1 – Renunciar a todo regalo que pueda coartar la independencia personal y política, y cualquier privilegio que se pueda ofrecer por desempeñar un cargo.
3.2 – Percibir un único sueldo, independientemente del número de cargos públicos que se desempeñen, así como renunciar a cualquier tipo de remuneración extra por asistir a reuniones propias de dichos cargos.
3.3 – Limitar el mandato de los cargos electos 2 legislaturas (con prórroga excepcional previa discusión y validación por asamblea)
3.4 – Establecer un sueldo máximo de 3 veces el SMI como sueldo neto, entendiendo que esta retribución garantiza unas condiciones dignas para ejercer las funciones y responsabilidades del cargo asumido. Renunciar a este sueldo de manera total o parcial, siempre que los cargos electos puedan mantener su situación laboral previa.
3.5 – Renunciar o aceptar el cese de forma inmediata de todos los cargos en caso de imputación jurídica en delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito con recursos públicos o privados, soborno, malversación y apropiación de fondos públicos, así como en los casos relacionados con xenofobia, violencia de género, homofobia y cualquier delito contra los Derechos Humanos o los derechos de las personas trabajadoras. Facilitar la transparencia en el proceso y, en caso de exculpación de los cargos imputados, se promoverá el reestablecimiento de la imagen pública de la persona afectada.
3.6 – Facilitar y desarrollar mecanismos de conciliación entre la vida laboral, familiar y política, dando soporte a los cargos públicos durante su reincorporación al mundo laboral.